El allanamiento y la captura del gerente de comercialización de Sidor por la venta irregular del insumo para la construcción han dejado al descubierto una red de corrupción que involucra a factores de poder dentro del partido de gobierno y un grupo de empresarios.
Fuentes ligadas a la investigación asomaron anoche la posibilidad de que el hijo del gobernador Francisco Rangel Gómez haya abandonado el país. Informes confidenciales de Sidor lo ubican cerca del entorno económico de Luis Velásquez.
El Frente de Trabajadores Siderúrgicos ha manifestado que el caso tiene que seguir su curso sin cortapisa, en funcionamiento al Estado de Derecho. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) guarda silencio.
Frase del gobernador
“El que tenga una pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja. Sencillamente, que las presenten”, respondió Francisco Rangel Gómez (gobernador de Bolívar) al ser consultado sobre las investigaciones en torno al negocio de las cabillas.
Luego comentó sobre el principal sospechoso en este caso. “Luis Velásquez es un compatriota nuestro, es parte del partido (PSUV), es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”.
Junta nueva
La corrupción en Sidor viene dada por la ausencia de una dirección seria y la colocación de la acería en manos de directores que jamás se han interesado por la estatal. Con esa premisa, el movimiento Unidad Matancera pide reprobar a la junta directiva y nombrar a sidoristas capaces.
Marcos David Valverde
El documento describe el ascenso económico de Velásquez
“Recibido. 08 JUN. 2011”. El documento, en su encabezamiento, especifica al destinatario: mayor general Hugo Carvajal Barrios, “director de la Dirección General de Inteligencia Militar”. A partir de esas páginas, comenzó todo, y la solicitud del firmante se tornó en realidad: la investigación, por enriquecimiento ilícito contra Luis Salvador Velásquez, director comercial de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro.
Es Pedro Francisco Aranguren, “abogado en ejercicio”, quien firma el documento y se responsabiliza por la denuncia, en nombre del Frente Revolucionario de Trabajadores Siderúrgicos.
“Un grupo de trabajadores de Sidor, desde hace algún tiempo, vienen (sic) denunciando una serie de irregularidades que se han suscitado dentro de la empresa. Tal es el caso, de Luis Salvador Velásquez, director de Comercialización, a quien se ha denunciado que presuntamente realiza ‘negocios extras’ con productos de la siderúrgica cobrando altas sumas de dinero por los mismos”, señala Aranguren en el documento.
¿Control obrero, contraloría social, activismo oficialista para el buen manejo de los recursos de las empresas? Nada, tal parece, funcionó para detener la vorágine que se desencadenó por una sola razón: el control financiero, por parte de ciertos grupos, incluyendo al de Velásquez, del parque industrial de Ciudad Guayana.
Hasta las últimas consecuencias
Aranguren señala que, antes de formular la denuncia ante la DIM, se corroboraron un sinfín de datos que, según asegura, concordaron con las denuncias de los trabajadores.
“Fueron realizadas entrevistas, confirmaciones telefónicas de datos, revisión de expediente del funcionario en Sidor, revisión de datos disponibles sobre las empresas involucradas en el Registro Mercantil de Puerto Ordaz y revisión de la documentación disponible en Sidor en los expedientes de los proveedores involucrados, a fin de analizar las denuncias contra el funcionario.
Lo anterior sumado a una auditoría realizada en Sidor, denunció la evidencia de una relación de sociedad existente entre Luis Salvador Velásquez con el propietario del grupo Dierca, Romeo Scrivante Bahr. Este último, vinculado con actos de corrupción con el antiguo gerente de Compras de Suministros de Sidor”, especifica.
Se destacan, además, varios aspectos biográficos de Velásquez. ¿Un ejemplo? Su ceremonia de matrimonio, “ostentosa, valorada en grandes sumas de dinero (…) Se denuncia que el acelerado crecimiento económico y mejoras en la calidad de vida de Luis Velásquez no están acordes con el nivel de ingresos que percibe por sus funciones laborales, lo cual puede hacer presumir que no tengan ninguna justificación legal”.
¿Qué hubo, entonces, del control obrero?; ¿Por qué el silencio oficial ha imperado?; ¿A qué se debe la intervención de la DIM y el desplazamiento del Cicpc en el caso? Preguntas que asaltan en torno del caso, pero, más concretamente, una resalta: ¿Por qué el PSUV se ha hecho de la vista gorda con el caso?
La tinta corre. Los involucrados, por supuesto, abundan, y ha sido el mismo Frente de Trabajadores Siderúrgicos que ha acusado al gobernador Francisco Rangel Gómez de estar involucrado, al igual que a su hijo Francisco Rangel Escobar quien, de acuerdo con fuentes amparadas en el anonimato, huyó este martes de Venezuela. El camino, todavía, es largo. CORREO DEL CARONI