Fiscales de la Defensa Pública en Caracas en materia de inquilinato han atendido 5 mil 932 casos desde febrero hasta mayo y, adicionalmente, llevan 702 soluciones a conflictos por mediaciones pacíficas entre arrendador y propietario.
La información la ofreció Ana María Rodríguez, defensora pública primera, al ser entrevistada este lunes, en el programa Toda Venezuela, de Venezolana de Televisión.
Apuntó que, además, van 73 acciones de amparo constitucional, de las cuales cuatro han sido declaradas con lugar por los tribunales que han conocido el amparo.
Muchas de esas acciones están a la espera de que los tribunales fijen oportunidad para la audiencia constitucional.
Hizo hincapié en que el 6 de mayo pasado, a través de decreto, se prohibieron los desalojos forzosos: “Los únicos que tienen potestad y autoridad para decretarlos y ejecutarlos son los jueces de la República, no un particular”.
Explicó que, en todo caso, el propietario debe iniciar las acciones ante las órganos correspondientes, es decir, por vía del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, acudir al Ministerio para la Vivienda y el Hábitat y comenzar un procedimiento administrativo por vía conciliatoria para tratar de resolver el conflicto de manera pacífica.
Si esto no es posible, se recurre a la vía jurisdiccional, por lo que se procede a demandar al inquilino por desalojo y luego hay que esperar la decisión de un juez, añadió.
Actualmente son cuatro defensores públicos con competencia nacional avocados a la materia de vivienda y dos con competencia regional.
Los interesados en consignar algún caso podrán acudir a la Defensa Pública, en el bulevar Panteón, entre las esquinas de Jesuítas a Tienda Honda. AVN