El concejal metropolitano, Richard Peñalver, quien resultó con una grave fractura, tras recibir un impacto de bala en el pie derecho, luego de un incidente el pasado 24 de mayo en San Bernardino, acusó al fiscal que investiga el caso (5° de control del área metropolitana, Víctor Hugo Barreto) de “ser, prácticamente, cómplice” de su agresor.
Detalló que el funcionario “está buscando la forma de imputar al victimario por el delito de lesiones para que precisamente el juez le otorgue la libertad plena”. Explicó que Barreto tampoco ha tomado en cuenta la conmoción que causó el hecho en la población, mucho menos que el acusado descargó su arma completamente, al punto de propinarle varios tiros al carro del edil.
—¿Cuándo se produjo la captura de la persona que lo agredió?
—Se entregó en la oficina del fiscal y no en el CICPC como suele ocurrir en estos casos.
—¿Cree que haya una implicación política?
—Sí lo creo, porque soy una persona connotada y conocida. Primero porque fui protagonista de los hechos de abril de 2002, segundo porque fui presidente de la junta parroquial de El Recreo, concejal de Caracas y ahora concejal metropolitano. Hay una referencia mía a nivel política y estimo que ese señor se dio cuenta de quién era yo. Creo que él actuó con ensañamiento, premeditación y con el propósito de dañar mi vida.
—¿Usted ha hablado con el fiscal que lleva su caso?
—Hablé con él una sola vez. Desde mi punto de vista, –lo digo con toda seriedad y no para descalificar– considero que su actuación no ha sido nada centrada. Ese día que hablamos llegó como si…confuso, acelerado. Incluso, mi esposa se puso nerviosa con la actitud de ese señor, porque se le acercaba y ella no lograba entenderlo. Entonces, de verdad, yo no sé quién es ese fiscal ni de dónde salió.
—Conocía usted a esa persona que le disparó?
—En mi vida lo había visto antes. Es más, la camioneta de ese señor es un carro que no tiene un color tradicional, que pudiera servir de referencia para decir que lo había visto antes. No lo conozco de vista, ni de trato. El día que ocurrieron los hechos fue la primera vez que lo vi. En cuanto a su nombre, ese es otro secreto. El fiscal nunca le ha dado el nombre a mis abogados, ni a los funcionarios del CICPC. Como víctima me siento en las tinieblas, en la oscuridad. Yo no puedo ver nada de ese expediente, siendo la víctima. (El fiscal) no ha sacado el nombre del agresor, tratándose de que el agredido fue un concejal metropolitano, que fue herido de una manera agresiva, violenta sin necesidad ni motivo (…) Lo primero que ha debido hacer (el fiscal) es publicar el nombre de ese señor que me hirió. Creo que se ha dejado manipular. En este caso está pasando algo bien grave y exhorto a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, para que vean qué está pasando con este funcionario que está intentando retrasar el caso para que haya impunidad.
—¿Cómo cree que termine esto?
—Existe una secuencia de acciones y el fiscal debe estar constantemente sobre esas actuaciones y él debería estar reportándonos a través de nuestros abogados sobre esas actuaciones. Eso no ha pasado, pues él es un fiscal desaparecido. Entonces, no puedo decir qué va a pasar (…). Lo cierto es que, si esto está pasando con un funcionario electo por el pueblo con más de 700 mil votos, me pregunto qué pasaría con un ciudadano común.
CIUDAD CCS