Desde el 1 de julio, el estado de Minnesota ha dejado prácticamente de funcionar. Sus parques naturales están cerrados, muchas de sus oficinas están en servicios mínimos y sus 22.000 funcionarios están en paro técnico. Es el ejemplo más drástico de las tremendas penurias económicas por las que pasan muchos de los estados estadounidenses que no consiguen cerrar sus presupuestos debido a la crisis y al clima de enfrentamiento político entre demócratas y republicanos.
No es la primera vez que pasa. Minnesota ya suspendió pagos en 2005 durante ocho días. Muchos estados, como California o Illinois, tienen déficits colosales desde hace años, en concreto 21.200 millones de dólares (14.800 millones de euros) y 17.000 millones (11.900 millones de euros) previstos sólo para 2012, respectivamente. Y eso pese a que todos, salvo Vermont, están obligados por ley a presentar presupuestos equilibrados.
La crisis, sobre todo la inmobiliaria, ha reducido drásticamente los ingresos en zonas como Florida o Nevada.
Los recortes presiden los presupuestos de los estados, que sufren fuertes déficits
Hasta ahora, la ayuda federal conseguía colmar más o menos los agujeros, aunque ninguna ley obliga a Washing-ton a rescatar a los morosos. «Ningún mecanismo institucional impone al Gobierno federal que compense a los miembros de la federación», explica James Parrot, director adjunto del Fiscal Policy Institute.
Siempre ha imperado el pragmatismo y el hecho de que los estados han podido refinanciar su deuda a las tasas preferenciales del Tesoro.
El contexto ha cambiado. Primero por la recesión. Luego porque este es el primer pulso del nuevo panorama político de las elecciones legislativas y estatales del pasado noviembre que llevaron a muchos gobernadores republicanos al poder.
Pero, sobre todo, porque Washington también está negociando sus propios recortes y ha eliminado la cuantiosa ayuda federal que aprobó tras el estallido de la crisis y que estos últimos tres años salvó a muchos estados de la bancarrota (150.000 millones dólares de los 800.000 del plan de rescate estaban específicamente destinados a ayudar a los estados).
Barack Obama está ahora enzarzado en una batalla para subir el techo de la deuda de EEUU, que el pasado mayo superó el límite legal de 14,3 billones de dólares (el 139% de su PIB). A cambio de elevar el tope, los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, quieren cortes radicales en el presupuesto de 2012.
Las dos partes han identificado dos billones de dólares en recortes presupuestarios para la próxima década, pero los demócratas quieren subir los impuestos, sobre todo a los más ricos, algo que los republicanos consideran inaceptable. El plazo límite es el 2 de agosto.
El estado federal ya no puede hacer de bombero. El caso de Medicaid, por ejemplo, la cobertura médica de los más necesitados, es especialmente dramática. Si el nuevo presupuesto federal, como proponen los republicanos, reduce su contribución, muchos estados no podrán asumir la asistencia sanitaria de sus habitantes más pobres.
De seguir así, la sangría de empleos podría ser tremenda. El economista Mark Zandi, analista de Moody’s, estima que las administraciones locales y estatales podrían despedir en todo el país a 150.000 empleados públicos, después de haber puesto ya en la calle a 250.000 en 2010. Y aun así, la agencia no tiene el menor reparo en mantener en la máxima calificación crediticia a Estados Unidos.
El Center for Budget and Policy Priorities calcula que, sumando los despidos en el sector privado, se podrían alcanzar los 650.000 personas. Mala noticia para una economía que no consigue reducir su cifra de paro y cuya tasa se sitúa ahora en el 9,2%.
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