MADRID (dpa) – La tregua no duró ni dos meses. El nuevo gobierno español, de Mariano Rajoy, ha desatado las primeras protestas en las calles desde su investidura el pasado 22 de diciembrepor sus durísimas medidas contra la crisis económica y el desempleo, que no solo imponen sacrificios, sino que recortan los derechos laborales.
Convocados por los dos grandes sindicatos españoles, CCOO y UGT, cientos de miles de personas salieron a la calle el domingo 19 de febrero para manifestarse contra una radical reforma laboral aprobada por decreto por el gobierno conservador, que amenaza con romper una prolongada convivencia social pacífica en el país.
Pocos días despúes de la movilización sindical en las calles de 57 ciudades españolas se produjo la primera carga policial contra manifestantes de la era Rajoy: el centro de Valencia, en el este de España, se convirtió en escenario de una batalla campal entre policías y cientos de estudiantes que protestaban contra los recortes en el gasto de la enseñanza pública previstos en el plan de ajuste.
La represión de los manifestantes, que la policía justificó en presuntas provocaciones y agresiones, alcanzó niveles de brutalidad hasta ahora poco habituales en España y que desataron una tormenta de indignación en la oposición política regional y nacional. Valencia no es solo la región más endeudada de España, sino que también concentra el mayor número de casos de corrupción pública en el país.
El Partido Popular (PP) de Rajoy, que gobierna en Valencia y en la mayoría de las otras comunidades autónomas españolas, amén de ejercer el poder nacional sobre la base de una amplia mayoría absoluta en el Parlamento, apoya al parecer sin fisuras la política de extrema austeridad por la que su líder ha optado desde el primer momento.
Con inusitada rapidez, el Ejecutivo conservador ha implementado medidas anticrisis como el obligado compromiso de déficit cero para toda la administración pública, una reforma financiera orientada al saneamiento de los bancos lastrados por la crisis inmobiliaria y, como proyecto estrella, una profunda reforma del mercado de trabajo.
Es la reforma laboral, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, calificó “off the record” de “extremadamente agresiva” y que Rajoy admitió, también en una charla privada captada accidentalmente, que le costaría una huelga general, la que ha encendido la alarma en el mundo sindical y en la oposición parlamentaria socialista.
La reforma abarata el despido reduciendo sustancialmente la cantidad de días laborales que se contabilizan para el pago de indemnizaciones. A las empresas con problemas, que son prácticamente todas, les facilita el despido tanto individual como colectivo y les permite reducir unilateralmente los sueldos. También limita de forma notable el poder de los sindicatos en las negociaciones salariales.