Entre quienes le rendían tributo estaban el historiador Manuel Caballero y el escritor Rafael Arráiz Lucca. También un fiel discípulo, uno de sus alumnos preferidos, quien por su estrecho vínculo heredó su inmensa biblioteca: Juan Carlos Loyo.
El mismo que seis años después como ministro de Agricultura y Tierras dirigió en Zulia la «operación cívico-militar de rescate de tierras del Sur del Lago», enfundado en una franela roja con estampa del Che Guevara y una pistola al cinto.
El giro impresionó a muchos. «Todos estábamos asombrados en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) cuando vimos esas imágenes», dice Rocío Guijarro, directora de la organización. Recuerda que a principios de los años noventa Loyo era un vigoroso estudiante que viajaba constantemente de Valencia a Caracas para dictar talleres e investigar sobre la economía de mercado en sus oficinas. «Era amante de Friedrich Hayek, premio Nobel y padre de la doctrina liberal», agrega. Aún más. «Loyo ayudó a Cartea a fundar una cátedra para reflexionar sobre los asuntos urbanos, con el nombre de Alexis de Tocqueville», el filósofo francés estudioso de la democracia estadounidense de principios del siglo XIX.
En su alma máter, la sorpresa fue igual. «Formé a Loyo en el campo de las políticas públicas, de la macroeconomía aplicada a asuntos públicos.
Leía mucho, buscaba en Internet, debatía. Siempre fue muy activo en organizar actividades en la Escuela de Economía», señaló Santiago Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo. «Cuando lo escuché justificando las acciones del Gobierno o afirmando que el mercado no respondía a la oferta y la demanda me dije que los profesores perdimos el tiempo con él».
El gran ejecutor. Loyo recorrió el país con una clara simbología: la del ministro que resumía el costado más radical de la política agraria, con indumentaria que resaltaba su gruesa contextura, muñequeras y pistolas. El aparato comunicacional de los medios públicos lo acompañó en las expropiaciones del Sur del Lago, en lo que fue una cinematográfica toma de tierras.
El balance de su estilo no resultó provechoso ni al campo venezolano ni a la relación de los productores con el Gobierno.
«Loyo fue el ejecutor de la política de confiscación de los sectores agrícola y agroalimentario», afirma Hiram Gaviria, diputado de la Comisión de Ambiente y conocedor del tema.
El economista tomó el testigo de la lucha contra el latifundio en 2006, cuando fue nombrado presidente del Instituto Nacional de Tierras y aterrizó en un terreno ya atizado por el conflicto. El INTI estaba en proceso de tomar 1,5 millones de hectáreas de tierras, parte de ellas privadas, según su propio balance. La producción bovina había descendido 16% y la agrícola 7% (arroz 17% y café 33%, entre otros). Al tiempo que se perdían 200.000 puestos de trabajo en el campo, de acuerdo con Fedeagro, las importaciones alimentarias llenaban los anaqueles de los mercados.
Un lustro después de su gestión primero en el INTI y a partir de 2010 como titular del Ministerio de Agricultura y Tierras la cosecha no ha levantado. En diciembre de 2011 se registró un índice de escasez de 15%, según Datanálisis, y la producción nacional de 7 rubros básicos (maíz, sorgo, azúcar, arroz, café, algunas hortalizas y frutas) había caído. Del autoabastecimiento el país pasó a importar 50% de su consumo.
Entre las medidas está la renovación de cinco altos cargos del Ministerio de Agricultura, la aprobación de la Bolsa Agrícola para reactivar el mercado del sector, nuevas facilidades para el pago de créditos de rubros prioritarios, el aumento de los precios de los insumos que vende Agropatria para evitar su contrabando y la emisión de créditos para reflotar esta empresa estatal. Además, está la aclaratoria del INTI de que en 2012 sólo se intervendrán tierras ociosas, no las activas, y la reanudación de las conversaciones con los productores.
«En vísperas de la salida y semanas después hubo un diálogo exagerado con el Gobierno.
Nos plantearon conversar sobre cosas que para ellos eran doctrinariamente imposibles, como los precios o la Bolsa Agrícola, porque eran de un sistema capitalista. Estábamos sorprendidos», dice otro productor que quiso mantener su nombre en reserva. En el fondo, agrega, la situación no cambiará mucho porque Jaua fue ministro a la sombra, detrás de Loyo. «Siempre controló el ministerio, incluyendo a los directores de los institutos autónomos».
«El Gobierno se dio cuenta de que tuvo un fracaso sustantivo y vuelve a nombrar a Jaua para resolver esto en un año crucial, por ser electoral», afirma Carlos Machado-Allison, experto agroalimetario del IESA. «Los nombramientos no implicarán un cambio importante en la política agrícola y pecuaria del país».
¿Podrá el nuevo titular de Agricultura y Tierras recoger el agua derramada? «No lo creo.
Jaua tiene demasiadas responsabilidades encima. Ni el gerente más eficiente del mundo podría atender el tema del agro así. La burocracia se lo está comiendo», dijo la fuente agrícola. De hecho, el diálogo se estancó a partir del agravamiento de la salud del Presidente, hace dos semanas.
Salto cualitativo. El hombre que dejó el campo incendiado es un enigma tanto en Cedice y la Universidad de Carabobo como en el chavismo. Luego de su abrupta salida, Loyo ha seguido un exilio forzoso, se dice que en La Habana, donde recibe tratamiento por una dolencia que no ha aclarado.
Curioso de la política como es, esta semana meditaba sobre la sociedad cubana y hasta citaba a Cartea vía Twitter, en un mensaje a Henrique Capriles Radonski.
Loyo no tuvo apuro en graduarse, por lo que tuvo «una larga trayectoria en la política universitaria», según sus propias palabras. Como muchos a mediados de los años noventa, siguió la moda antipartidista y participó en los círculos de izquierda. A finales de esa década se afilió al partido Apertura del ex presidente Carlos Andrés Pérez y asumió la dirección juvenil de Carabobo.
«Fue una dirigencia breve, sin mucha connotación», confirma José Rafael Casal, ex coordinador de la organización en ese estado.
Un salto cualitativo operó en Loyo en esos años, luego de que Hugo Chávez ganó la Presidencia. Su proceso de cambios, señalan algunos, se dio a raíz de su amistad con un abogado de Valencia, cercano a Francisco Ameliach, cuando éste era diputado del MVR por Carabobo. El vínculo le permitió convertirse en asesor del parlamentario, que años después negoció con Jaua su ubicación en el Ejecutivo.
Así comenzó su ascenso en seguidillas: gerente del INCE en Carabobo (donde dirigió el programa Lanceros, plan de educación agraria para bachilleres, 2004-2005); viceministro de Formación y Desarrollo del Ministerio para Economía Popular (2005-2006); presidente del Instituto Nacional de Tierras (2006-2012) y ministro de Agricultura y Tierras (20102011).
El INTI y los servidores. En los pasillos del INTI, Loyo forjó su notoriedad entre funcionarios »servidores», les decía y productores agropecuarios. Se estrenó con un registro de tierras cruzado con el Seniat; con las demandas legales de extranjeros con fincas expropiadas (entre ellos los españoles, entonces un grupo de 80 personas que luego aumentó a 300) y un plan de rescate de 53 predios en 14 estados (334.000 hectáreas).
De esta época, Carlos Albornoz, productor agropecuario de Guárico, hace una evaluación: «Juan Carlos es una persona ponderada. Hizo un esfuerzo por aprender del tema agropecuario, por visitar y compenetrarse con el sector.
Era mucho más llano y cómodo para conversar que Jaua.
Escuchaba y daba la razón en ocasiones. Incluso, le colocaba fecha a los acuerdos, algo que no es común entre los funcionarios del Gobierno. Pero si alguien argumentaba fuertemente en contra, él podía salirse de sus cabales».
Un tema sensible, el de las tierras. «Era como poner el dedo en la llaga, allí no había discusión posible, simplemente porque el Gobierno no quería discutirlo. En la última reunión que tuvimos, cuando él estaba a punto de salir del cargo, me dijo que estaba dispuesto a analizar cualquier punto sin discriminación. Pero nada ocurrió. Es evidente que hay parámetros impuestos desde el más alto nivel que le hacen mucho mal al sector».
Al pasar el tiempo, las frecuentes visitas al interior se volvieron en su contra. Aumentaron las fuertes interpelaciones por parte de campesinos, productores y consejos comunales chavistas, tanto por las políticas agrarias como por las condiciones de vida e infraestructura del campo.
«Adonde fuera, lo regañaba la gente porque incumplió muchas promesas. Pero aunque llevara palo, nunca reconoció errores».
La marca. Tres hitos marcaron su desempeño: la intención de mediar con Franklin Brito, el productor que murió en huelga de hambre; el diálogo que desarrolló con Chucho Meleán, emblema de la resistencia a las expropiaciones en el Sur del Lago, y la expropiación de Agroisleña, estatizada como Agropatria.
Desde que Brito inició sus protestas en 2009 para reclamar la invasión a su finca, Loyo intentó soluciones, a la manera del Gobierno. Fue uno de los pocos funcionarios, si no el único, que lo visitó en el Hospital Militar. Lo hizo justo una semana antes de su muerte, ocurrida el 30 de agosto de 2010, recién nombrado ministro de Agricultura y Tierras. De acuerdo con lo relatado por su hija Ángela a la prensa, el productor le increpó: «¿Cómo me dejaron poner así?». Loyo, impresionado ante su deterioro físico, contestó: «Te prometo que esto se va a resolver».
Sin despabilar, el economista prosiguió su camino y a finales de ese año ejecutó dos órdenes presidenciales de amplia repercusión nacional e internacional. Una fue la expropiación de Agroisleña, una compañía de insumos agrícolas de gran presencia en el país.
La estatización de golpe eliminó un eslabón clave del sector agrícola, como es el de los insumos. Desde hace 52 años la empresa se había dedicado a financiar y asistir a productores alrededor de 18.000, indica la empresa en 20 estados del país, con una nómina de 3.000 empleados. Agropatria, como se denomina ahora, es criticada por los productores industriales y artesanales de haber parado su producción y los créditos que ofrecía. La zafra de maíz y arroz que comienza en dos meses depende de que la compañía estatal tenga una oferta suficiente y oportuna para entonces.
La situación de los fundos del Sur del Lago es que la mitad fueron devueltos y la otra se encuentra en litigio con el Gobierno. Como corolario, la producción agropecuaria descendió 50%, según reportes de la zona. «Estos son los dos hechos más notorios de esta ejecutoria de confiscaciones», dice Hiram Gaviria. «Es lo que yo llamo una política triple i: inconveniente, innecesaria e inconstitucional».