1. Cifras y suspiros: entre el esfuerzo estatal de borrar a los desaparecidos y el clamor de los familiares, la ONU reconoce al menos 57.200 personas desaparecidas
El crimen de Estado de desaparición forzada de la «democracia» en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, según un informe de Medicina legal. Para una estimación total en los últimos 20 años de 250.000 personas desaparecidas, según lo denunció Piedad Córdoba (6). Las estimaciones de desaparición forzada son obviamente minimizadas desde el Estado; sin embargo ha debido reconocer la existencia de al menos 51.000 desaparecidos: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones” señala un reporte de 2011 de la US office on Colombia (7). En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe (8): tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar. El informe de enero 2011 confirma las estimaciones de Piedad Córdoba de al menos 250.000 personas desaparecidas. Del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar.
El lunes 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia, declaraciones dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas (ver 2).
2. Asesinatos de civiles a manos de militares en los macabros “falsos positivos” aumentan, arroja estudio de mayo 2011
El asesinato de civiles a manos de militares ha rebasado todo límite del horror en la figura de los “falsos positivos”: asesinatos de civiles perpetrados por militares que luego disfrazan sus cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, ya hay 3.000 casos documentados de estos asesinatos que son impulsados por las recompensas que reciben los militares por cadáver presentado como una forma de incentivar el manejo de la barbarie y de aumentar las “victorias de guerra” por parte del estado colombiano (9). En mayo 2011 el CINEP publicó un informe en el que evidencia que los asesinatos de civiles a manos de militares, lejos de disminuir, han aumentado bajo la presidencia de Santos (10). Las Madres de Soacha son Madres de niños y jóvenes asesinados por los militares en los montajes macabros de los “falsos positivos” que gracias a su tenacidad por encontrar a sus hijos desaparecidos y por denunciar estos crímenes de estado, han logrado hacer oír sus voces traspasando el muro de censura mediática nacional e internacional: varios de sus familiares han sido asesinados como represalia por sus denuncias, en un intento estatal de silenciar las voces de estas madres que no callan y siguen clamando justicia en medio de los atentados y del miedo. Claman justicia por sus hijos, y para que no se sigan produciendo estos asesinatos de civiles, que lastimosamente continúan incrementándose, ante la complicidad silenciosa de la comunidad internacional.
3. Las mayores fosas comunes del continente, la asesoría estadounidense y la reingeniería de la herramienta paramilitar
En Colombia, en la Macarena, departamento del Meta, se encontró en diciembre 2009 la mayor fosa común del continente americano, con 2000 cadáveres de desaparecidos: la gigantesca fosa se encuentra detrás del batallón de la fuerza Omega del Plan Colombia, que goza de estrecha asesoría estadounidense (11).
Es gracias a la tenacidad de los familiares y testigos que denunciaron durante años el genocidio, que se ha logrado hacer conocer esta realidad. La cantidad de víctimas arrojadas sin contemplación a la pretensión de olvido y desaparición llegó a ser tal, que la putrefacción de los miles de cadáveres se filtraba incluso al agua de beber, en medio de la impunidad y el silencio. Gracias a la visita de una delegación de parlamentarios y observadores británicos, el pedido de auxilio de los familiares de desaparecidos fue por fin escuchado. Las autoridades negaron la fosa en un principio; los mass-media silenciaron las denuncias. Pero gracias a la delegación, la Fosa se dio a conocer internacionalmente; el estado entonces intentó decir que los cadáveres eran de “guerrilleros abatidos en combate”, pero los familiares de desaparecidos desmintieron esa versión. En el 2010 se produjo la Audiencia a Testigos y familiares de desaparecidos de la región: fueron miles las denuncias de familiares y testigos evidenciando las desapariciones perpetradas por el ejército en connivencia con paramilitares. El estado por su parte procedió a acallar a los denunciantes: varios denunciantes fueron asesinados, entre ellos Norma Irene Pérez y Jhonny Hurtado (12), otros denunciantes han sido encarcelados bajo montajes judiciales, como es el caso de Marisela Uribe García, quién perdió sus bebés por torturas estando embarazada (13).
Posteriormente, finalizando el año 2010, se encontró otra fosa gigantesca con más 1500 cuerpos de desaparecidos:“Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente (…) cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos” (14)
La barbarie se sigue intensificando día a día, y la fuerza pública y la herramienta paramilitar continúan asesinado, desapareciendo y masacrando, como lo denuncia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo (…) En la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, de la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico” (15).
4. Los hornos crematorios de la “democracia” colombiana: Desaparecer y salvaguardar apariencia democrática
La desaparición forzada cumple una función central en la estrategia de “disuasión de la reivindicación”, a la sociedad se le envía el siguiente mensaje: “el que persista en reclamar derechos sociales, económicos, políticos, correrá la misma suerte”. Este mensaje busca someter mediante el terror y viene acompañado del mensaje de la plenipotencia del estado que está en capacidad de desaparecer en plena impunidad. La desaparición forzada evidencia la impotencia que representa el encontrarse permanentemente vulnerable ante el poderío de un estado omnipotente en todas las instancias: la militar, la paramilitar, la legal, la administrativa. A la angustia por los sufrimientos del ser querido desaparecido se suma la impotencia de no obtener verdad ante entidades estatales. Son innumerables las trabas que encuentran los familiares de desaparecidos por parte del estado, para que sea reconocida oficialmente la desaparición de su familiar, en un intento estatal evidente de desaparecer no solo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí. La sociedad se ve triplemente vulnerada: es privada de un ser humano y sus ideas, es vulnerada en los procesos organizativos que constituyen el progreso histórico de las sociedades y es sometida a constatar la plenipotencia e impunidad de los victimarios. Familiares, testigos, abogados y en general denunciantes de desaparición forzada, son sistemáticamente víctimas de amenazas, torturas, cuando no de asesinatos o víctimas ellos mismos de desaparición forzada: la fuerza pública y su herramienta paramilitar activan cualquier mecanismo para conseguir impunidad (16).
La desaparición cumple además la funcionalidad “practica” para los estados represores de reducir las cifras de asesinatos. En Colombia varios jefes Paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden de que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crezcan de manera desproporcionada en las zonas urbanas. Varios miembros de la Estrategia paramilitar han confesado que implementaron la utilización de criaderos de caimanes y de hornos crematorios para quemar a las víctimas, a veces vivas: “(…) Lo echaron vivo ahí (…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”… confesó un paramilitar (17).
5. El encuentro de mayo 2011 y el reconocimiento de la desaparición forzada en Colombia
El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia; dado que en el Registro Nacional de Desaparecidos figuran inscritas 57.200 personas. Estas declaraciones fueron dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas, en Bogotá, el lunes 23 de mayo 2011 (18). Salazar señaló que buena parte de los hechos involucran a «agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos» y agregó «por décadas, miembros de la fuerza pública cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas» (Ibíd. ). Para al menos 15.600 desaparecidos del total de 57mil 200 personas desaparecidas inscritas en el Registro, se conocería que los autores son agentes de la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo: la autoría de los demás casos no ha sido precisada; dada la inoperancia de las investigaciones sobre desapariciones forzadas. Varios paramilitares han confesado a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía al menos 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos en el escaso lapso de 5 años: entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010, como consta en el informe que la Fiscalía hizo público en enero 2011(ver 8). Hay una impunidad flagrante, y los familiares aún esperan las confesiones de varios jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, con la esperanza de conocer el paradero de sus seres queridos.
Según cifras reveladas por Organizaciones No Gubernamentales que participaron al evento de mayo 2011 sobre desaparición forzada en Colombia, entre las víctimas han registrado a más de tres mil mujeres y más de tres mil menores de 20 años.
En el encuentro se recalcó la gravedad de que sólo entre los años 2007 y 2009 se registraron más de 38.000 desapariciones según un informe ofrecido por Medicina Legal, organismo que coincide con Salazar en cuanto a la participación de agentes estatales y grupos paramilitares en la ejecución de estos delitos (18).