Andrés Cañizález, miembro del equipo técnico de la Mesa de Unidad Democrática, reiteró que la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones implica la declaración como “servicio público” de los medios radioeléctricos, “con lo cual el Estado tendría una mayor potestad sobre su regulación, especialmente en momentos de crisis”. Aseguró que el Estado redujo a 15 años, renovables, las concesiones de las empresas de telecomunicaciones y que este tipo de cambio. Se amplió significativamente el monto de las multas, con lo cual se genera un mecanismo para que el Estado puede amedrentar por la vía fiscal a los medios de comunicación, y en particular a los postales de noticias en Internet, que tienen una estructura económica más frági
