¿Qué ocurre en Chile?
La conmoción social motorizada por la juventud, tal como ocurrió en Túnez, Egipto y otros países lejanos, no tiene una conducción político-partidaria tradicional. Y tampoco refleja las cifras electorales, probablemente porque sus principales protagonistas jóvenes no participan en el juego ni votan por no haberse inscrito nunca, y suman un 40% de la población electoralmente habilitada.
A diferencia de la llamada Revolución Pingüina de 2006, las demandas estudiantiles van mucho más allá de las simples reivindicaciones sectoriales, como el carné escolar para el transporte urbano válido 365 días al año, sino que tienen un profundo contenido político de alcance nacional. Entre otras metas, cambiar en Asamblea Constituyente la Constitución de 1980 -heredada de Pinochet y sucesivamente “mejorada” por la Concertación- para garantizar una educación pública gratuita para todos, financiada con una re-nacionalización del cobre, cuya riqueza hoy pertenece en 70% a capitales privados locales y extranjeros, mientras el Estado quedó reducido al 30% sobrante, a cargo de la Corporación del Cobre (Codelco), que en tiempos de Salvador Allende controlaba el 100% del metal nacionalizado con la aprobación de todos los sectores políticos.
La nacionalización fue votada por unanimidad, en una sesión solemne de ambas ramas del Congreso, el 11 de julio de 1971, incluidos todos los partidos de la derecha y el PDC, aunque después propiciaron el golpe militar.
En pocas palabras, la juventud se juega su futuro y propone una tarea larga que recién comienza, con los grandes medios de información en contra. Pero a pesar de la gran prensa, está ganándose a la ciudadanía con propuestas que involucran una profunda revisión del modelo neoliberal, y concitan el apoyo creciente de otros sectores de la sociedad, incluidos los profesores, padres y apoderados que pagan una enseñanza mala y cara, autoridades y académicos de las universidades tradicionales afectadas por la competencia desleal de las casas de estudio privadas (que lucran con fondos del Estado y sin pagar impuestos como cualquier otro negocio), las organizaciones de trabajadores y, en general, la gente de la calle y el grueso público que está aprendiendo el significado profundo de estas metas y que existe otro mundo posible, a contrapelo de lo que “enseña” a diario la prensa des-informativa.
El gobierno pierde credibilidad y confianza entre los ciudadanos. Pocos creen en la palabra de Piñera y sus ministros. La gente percibe que las soluciones que ofrece el gobierno apuntan a consolidar los grandes nichos de negocios en una vertiente disfrazada, de apariencia populista pero netamente neoliberal.
Para la educación superior, propone torcidamente fortalecer las universidades privadas con más subsidios del Estado para que los alumnos puedan pagar e incrementen así las ganancias de las casas de estudio particulares y, de paso, blanquear -o “sincerar”- sus ingresos ilegales y la evasión tributaria de 30 años, pues la Constitución de Pinochet las instituyó engañosamente como entidades “sin fines de lucro”.
En la salud, se otorgan bonos que paga el Estado para que los beneficiarios del sistema público reciban atención en clínicas privadas, pero no se invierte en mejorar los hospitales públicos ni los salarios de sus trabajadores, que suelen descargar su frustración laboral con los usuarios.
Sigilosamente, Piñera terminó de privatizar el agua, mientras los trabajadores del cobre paralizan por primera vez en dos décadas este lunes 11 de julio, no por reivindicaciones salariales específicas del gremio, sino para emplazar al gobierno y dar publicidad nacional a su sospecha fundada de que está en marcha un proyecto subterráneo que conduce a la privatización de Codelco.
Acusan al gobierno Piñera de estar ejecutando silenciosamente el viejo truco de no reinvertir las ganancias de la empresa del Estado para enfrentar sus desafíos futuros, sino al revés, negarle financiamiento para hacerla inviable y anunciar como única “salvación” la privatización escalonada de los yacimientos, como ha ocurrido con otras empresas públicas en Chile y el resto del mundo.ERNESTO CARMONA / MAPOCHO PRESS